El índice FADA en septiembre bajó al 71,1%
FADA publica el indicador de participación del Estado sobre la renta agrícola, con una frecuencia
trimestral. La medición de septiembre de 2017 marca una participación de los impuestos sobre
la renta agrícola del 71,1% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y
girasol. En la medición anterior, correspondiente a junio fue de 74,7%, mientras que hace un
año, en septiembre de 2016, fue de 65,4%.
El indicador es el resultado de una división, entre un numerador, representado por los
impuestos, y un denominador, representado por la renta agrícola. Por este motivo, el índice
suele moverse por las variaciones en la renta agrícola, ya que las alícuotas de los impuestos se
mantienen estables.
La renta agrícola es el resultado de restarle al valor de la producción, los costos de producir,
comercializar y transportar la producción. Así, si suben los costos, la renta baja y el indicador
sube. Y si, como es el caso, bajan los precios, baja el valor de la producción, se reduce la renta y,
nuevamente, aumenta el índice FADA.
Esto también está afectado por la persistencia de los derechos de exportación a la soja, que hace
que los impuestos sean menos sensibles a las bajas en los precios y la rentabilidad. Mientras que
el impuesto a las ganancias reacciona más.
En septiembre vemos tres efectos combinados. El precio disponible en dólares del maíz y la soja
subieron un 7% y 8%, respectivamente, con respecto a junio. Al tiempo que el dólar aumentó
un 9%. Mientras que los costos aumentaron un 7,4% en estos tres meses. El incremento de los
ingresos por encima de los costos hizo que mejorara la renta y bajara el indicador.
Si se compara con septiembre del año pasado, los costos de una hectárea promedio subieron
un 27,7%, cuando el valor bruto de producción de una hectárea promedio en el país tuvo un
incremento del 16,5%. Esto impacta de manera directa en la rentabilidad y en el indicador,
explicando el incremento del 65,4% de septiembre de 2016 al actual 71,1%.
Índices Provinciales Buenos Aires, Córdoba y San Luis
A partir de junio de 2017, FADA publica con la misma frecuencia que el índice FADA nacional,
indicadores desglosados para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, midiendo la
participación del Estado en la renta agrícola, así como las principales variables económicas de la
ecuación agrícola.
Mientras el índice FADA nacional da 71,1%, el de Buenos Aires es de 65,7%, Córdoba 68,5% y
San Luis 68%. Lo que más impacta en esta comparación, es que San Luis, por ejemplo, tiene
rindes menores y una renta por hectárea menor que las otras dos provincias. En términos
absolutos, el impacto de los impuestos es exactamente al revés, una hectárea en Buenos Aires
es la que más tributa, y una en San Luis la que menos.
En los casos de Buenos Aires y Córdoba, se consideran los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol,
utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular los números de una
hectárea promedio de la provincia.
Para el caso de San Luis, sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95% del área. Para
cada caso se utilizan los rindes promedio de los últimos 5 años, y los costos de producción de
labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región.
En cuanto a los fletes
se estimaron para Buenos Aires 250 km., Córdoba 340 km., y San Luis 580 km.
En cuanto a los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la
rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Córdoba y
Buenos Aires, y más bajos en San Luis. Aquí estamos hablando de Impuesto a las Ganancias,
Créditos y Débitos e IVA. El caso del IVA merece una aclaración, en todos los casos se generan
saldos técnicos de IVA a favor, que no son de libre disponibilidad, por lo que constituyen un
costo más. Cada 100 hectáreas de maíz, se genera, en el promedio nacional, un saldo técnico a
favor de IVA de $68.800.
Los impuestos provinciales presentan
divergencias. En el caso de Buenos
Aires, significan unos $476 por
hectárea, la mayor parte inmobiliario y
el resto ingresos brutos. Pero al mismo
tiempo, los partidos cobran sus propias
tasas, la mayoría son tasas viales con
un 70% de lo recaudado destinado a los
caminos rurales y el otro 30% al
municipio. Estas tasas significan, en
promedio, unos $95 por hectárea, con
las más diversas formas de cálculo y los
más diversos valores. Así, entre
municipales y provinciales, una
hectárea promedio en Buenos Aires
debe tributar $555, representando un
3,3% del valor de la producción, o un
6,2% de la renta.
En el caso de Córdoba, representa 1,7%
del valor de la producción y 3,4% de la
renta, y no existen los impuestos
municipales.
Esta parte merece una aclaración, si en
lugar de tomar el valor bruto de la
producción, se toma el ingreso neto de
gastos de transporte de los
productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan más
parejos. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra. Para
graficarlo, calculado sobre una hectárea de maíz, el flete en Córdoba cuesta $496 más que en
Buenos Aires, en el promedio provincial.
San Luis, tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras dos
provincias, sin embargo, tiene una especie de “derecho de exportación interno”. Cobra una tasa
que incluye “guías de campaña” y “certificados de venta”. Los certificados se pagan tanto para
la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro
lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia. Estas tasas se
suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (documento
provincial).
Por ejemplo, una tonelada de soja paga $7,08 en concepto de guía, más $10,63 de certificado,
más $14,20 de pago a cuenta de IIBB, pagando un Do.Pro. por tonelada de $31,91.
En cuanto a la “renta de la tierra”, que es un arrendamiento promedio menos impuestos, las
tres provincias tienen un nivel similar, por el efecto que genera en la ponderación una mayor
participación de trigo en Buenos Aires y luego en Córdoba. Si se toman sólo soja y maíz, se
aprecian mejor los mayores arrendamientos de Buenos Aires y Córdoba.
Inundaciones
Cabe aclarar que todos estos números son para un campo en situación normal, no un campo
inundado o anegado, donde la situación es radicalmente distinta. Las situaciones van de haber
perdido el 100% de la inversión que se sembró, en el peor de los casos, a tener pérdidas y costos
mayores de cosecha y transporte, en el mejor de los casos. Para tener alguna noción, cada 100
hectáreas de maíz en la Provincia de Buenos Aires se invierten $531.000, entre labores e
insumos. Por lo que un campo de 500 hectáreas enterró cerca de $2,5 millones. En el caso de
trigo, ese monto ronda el $1,4 millones.
Costos
Para profundizar en cada caso, analizamos los costos involucrados en una hectárea de maíz. En
el cálculo del índice se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos.
Por ello, se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte,
seguros, administración y producción.
Resaltan dos puntos, los gastos de fobbing representan entre el 9% y el 10% de los costos
involucrados en una hectárea de maíz. Resulta llamativo que estos gastos representen lo mismo
que cuestan los fertilizantes, tanto en maíz como en soja. Aquí hay un tema de competitividad
y costo argentino para trabajar.
El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la
participación a medida que uno se desplaza hacia el interior mediterráneo. En el caso del maíz,
el flete representa el 26,5% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 28,9% y en San Luis el
29,5%.
Si sumamos fletes, comercialización y fobbing, podríamos quedarnos con una categoría de
logística y comercialización. Esta categoría representa el 36,9% de los costos para el caso de
Buenos Aires, 38% para Córdoba y 38,7% para San Luis. Aquí se ve uno de los principales ítems
de la competitividad y del costo argentino.
Ley PyME
Para aquellos productores que aún no hayan adherido a la Ley PyME, es recomendable hacerlo,
ya que así, se evita pagar el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, se puede pagar el IVA a
90 días, se puede descontar de Ganancias el 10% de las inversiones, y se puede descontar el
100% del impuesto al cheque.
Esto rige para micro y pequeñas empresas, que en el caso del agro abarca empresas que facturen
hasta $19 millones por año. Esto es la producción de unas 1100 hectáreas de maíz o 1400 de
soja.
En el caso del impuesto al cheque, cada 100 hectáreas de maíz se podría ahorrar unos $8.600
por año, por ejemplo.
Cargas administrativas
Un país más competitivo requiere de una carga tributaria y administrativa baja, simple y
eficiente. Nuevas cargas tributarias y regímenes de información significan mayores costos y
mayor dificultad para el sector productivo, que no sólo tiene que ocuparse de producir más y
mejor, sino que tiene que ser un agente de los Estados Nacional y provinciales, cumpliendo
funciones de agentes de información y retención en múltiples casos.
Este tipo de requerimientos significan menos competitividad y mayores costos, que suman al
“costo argentino”. Si se analiza cada requerimiento por separado, probablemente resulten
marginales al negocio, pero la sumatoria de todos ellos hacen la diferencia. Sólo para tomar
como ejemplo, recientemente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,
incorporó aranceles indicativos para el Registro de Tierras Explotadas (Nación) y el Régimen de
Información de Combustibles Líquidos (Provincia de Córdoba), dos casos recientemente
incorporados a las obligaciones de los productores. El honorario sugerido para el primero es de
$6.900, y para el caso del segundo es de $1.380, que al ser un requerimiento mensual, genera
un costo extra anual de $16.560. Es decir, que entre ambos, se suma un costo anual de $23.460
por productor.
Este ejemplo, es el caso perfecto de ineficiencias, donde se le genera una nueva carga a la
producción, que no redunda en mejoras fiscales directas para el Estado, sólo se suma un nuevo
costo innecesario en un país donde la competitividad y la presión impositiva son los principales
obstáculos al crecimiento y la generación de empleo.
